Crecimiento constructor moderado y con altibajos

En cuanto a inversión privada, a nivel nacional existe un desarrollo de infraestructura para vivienda, comercio, restaurantes y otros. Por su lado, la inversión pública sigue siendo millonaria.

El Gobierno central, a través del ministro de Economía, en su Acuerdo de Decisión del Programa Fiscal Financiero 2018, fija las principales metas macroeconómicas, como un crecimiento de 4.7% de la economía, impulsada, principalmente, por la inversión pública, con una fuerte apuesta a la construcción como factor de crecimiento.

Para el economista Rolando Morales, lo que el gobierno vende a la población son “sensaciones económicas que no responden a la realidad nacional”. Insisten en mostrar que “hay bonanza cuando esta coyuntura acabó hace tres años”, enfatiza el experto a Libre Empresa.

Es más, la economía se volvió volátil y asoma, cada vez más, con fuerza la recesión sobre todo por lo que está pasando en los países circunvecinos como Argentina, Brasil e incluso ahora Chile, subraya a su vez el experto financiero, René Martínez de la Fundación Jubileo.

Las previsiones que hizo el gobierno prevén un crecimiento en los diferentes rubros de la economía para este año. Por ejemplo, para el sector de la construcción y obras públicas está fijado un crecimiento de 7%; para electricidad, gas y agua también un 7%; para servicios de administraciones públicas 6.1%; y para la agricultura, silvicultura, caza y pesca de 5.8%.

Sin embargo, hasta el primer semestre de la presente gestión, estos presupuestos se vinieron abajo. La construcción, por ejemplo, repuntó sólo un 5.7%, el nivel más bajo desde el año 2006.

Según Cadecocruz (Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz), en el primer trimestre se registró un crecimiento de 5,7%, que es inferior al de otros trimestres. Se prevé una menor inversión privada.

La actividad de la construcción se desacelera y este año el sector anticipa que crecerá en 4%, considerada la tasa más baja desde 2006.

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) advierte que este dato estará levemente por debajo de la expectativa de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) prevista por el Gobierno, que es de 4,7%.

Un sondeo hecho por Libre Empresa a las principales inmobiliarias que operan en la ciudad de La Paz, devela que la actividad en el sector bajó hasta en un 70%, mientras que la compra, alquiler e incluso anticresis de bienes inmuebles se redujo hasta llegar al 40%.

La situación podría complicarse más aún el próximo año debido a que el sistema financiero está restringiendo el acceso a nuevos créditos y aquellos que aprueba están autorizados bajo estrictas medidas de seguridad, indicaron los entrevistados que no quisieron identificarse por temor a sufrir represalias en el sector.

La realidad impone condiciones

La dinámica de las construcciones residenciales y otras por parte del sector privado, así como las obras de infraestructura ejecutadas por el sector público, explican el positivo crecimiento del rubro, según informes de Caboco. Sin embargo, irónicamente, estos mismos datos no representan un crecimiento real de las empresas bolivianas de la industria de la construcción.

Caboco señala que, por ejemplo, en el sector público la inversión asignada en infraestructura hasta el 2017 creció en 461% con relación a la del 2005, que se encontraba en $us 326 millones, permitiendo la ejecución de importantes obras de infraestructura, de carreteras esencialmente. Para la gestión 2018, el presupuesto asignado para infraestructura es $us 2.052 millones.

La institución resalta que si bien en el sector público existe la posibilidad de trabajo para la construcción, estas obras de gran envergadura, y que cuentan con la asignación de recursos por inversión pública, son adjudicadas, en su mayoría, a empresas extranjeras, lo que impide una reinversión en el país. 

Por ejemplo, la ABC, a agosto de 2017, del total de sus contratos, el 74% del costo total son para empresas extranjeras, el 11% para asociaciones accidentales entre extranjeras y bolivianas, y el 15% para empresas del país.

En cuanto a inversión privada, indica que a nivel nacional existe un desarrollo de infraestructura para vivienda, comercio, restaurantes y otros, que pueden ser medidos con la cantidad de permisos de construcción a nivel nacional que, según el INE, para 2014 fueron 2.428.091 m2., el 2015 alcanzaron a 2.045.938 m2, lo cual representa un 16% menos que la gestión anterior y en 2016 sólo se habría alcanzado a 2.309.046 m2, un 13% más de lo registrado en 2015. Para septiembre de 2017, se llegó a 1.353.888 m2, lo cual implica el 42% más de lo que se aprobó en 2016.

Caboco resalta que una de las principales fortalezas de este rubro es la generación de fuentes de empleo. Según datos del INE, a 2016, el 7.4 % de la población trabajaba en el sector de la construcción, lo cual se traduce en 486 mil trabajadores. En 2015 se registró mayor mano de obra, llegando a 9.3% del total (513 mil personas).

No obstante, la institución señala que el sector de la construcción en Bolivia se ve debilitado por el mismo Estado, en cuanto a la posibilidad de acceder a proyectos de gran envergadura, debido a las exigencias que pide el contratante y, entre otros, los temas tributario y laboral.

Además, afirma que uno de los principales obstáculos que le toca encarar a este rubro en el país es la falta de apoyo por parte de los niveles de gobierno (central, departamental y municipal), lo cual hace complicado el acceso de empresas nacionales a licitaciones de obras de gran envergadura

Santa Cruz marca el paso

El departamento de Santa Cruz ha visto achicarse al sector de la construcción en los dos últimos años al descender abruptamente su crecimiento de 21 al 7 por ciento. Esta situación refleja una fuerte desaceleración del sector, evalúa Milenio.

“En comparación con el agro y el gas natural, el aporte de la construcción ahora es menor, cuyo aporte al producto departamental ha sido del 7% el año pasado, muy por debajo del 21.8% de 2016. Con ello, se puso de manifiesto la fuerte desaceleración que sufre este sector”, precisa la Fundación.

Alto riesgo

Según el economista Mauricio Ríos, los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, fueron demasiado ambiciosos y de riesgo elevado, como –solamente por mencionar muy pocos– el Urubó, la planta de Urea y amoniaco ($us 953 millones), la sede de Unasur ($us 60 millones) o las 2.300 viviendas sociales que el Estado construyó sin demanda real de mercado, que como hace mucho que ya no suman al crecimiento, deben inevitablemente liquidarse en forma de mayor desaceleración o incluso de crisis.

Ríos cuestiona en su blog el crédito regulado para vivienda y dijo por qué la banca no acepta de una vez que se han cometido errores de inversión sin precedentes, en vez de esperar a que suceda lo peor para asumir sus deberes de manera ordenada y con precios de burbuja aún favorables.

 El FMI recomendó a las autoridades el año pasado eliminar gradualmente el crédito regulado para vivienda y productivo.

El entonces viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Óscar Ferrufino, dijo que el Gobierno no se guía por recomendaciones del Fondo. El FMI dijo que los fondos de garantían debilitaron el riesgo de toda operación crediticia.

El economista señala también que desde 2013, el Gobierno empezó a negar la desaceleración, perdiendo una cantidad de tiempo demasiado grande y que no volverá. 

“Luego buscaron mercados para el sector no tradicional de manera desesperada en el exterior, incluso en la Comunidad Eurasiática”.

Concretamente, Ríos dice que existe la mayor certeza de que Bolivia tiene muy serio problema de sobrecapacidad y de burbuja de activos, que, por persistir en el error, tarde o temprano y de manera ineludible, terminará de llevar a la economía hacia una crisis generalizada. ¿Por qué no seguir ensayando, entonces, medidas correctivas?

Crisis y demanda interna

El economista Ríos recuerda las implicaciones del décimo aniversario de la bancarrota de la consultora estadounidense Lehman Brothers y señala que, desde entonces, las crisis suelen sembrarse en etapas de gran auge, impulsado típicamente por un estímulo desmedido de la demanda interna a través del gasto público y la reducción arbitraria y prolongada de las tasas de interés, como ocurre en Bolivia.

“Los riesgos se construyen lentamente y luego todo sucede rápidamente hasta que las incertidumbres resultan inasumibles; y las burbujas no se inflan por la simple acumulación de activos de alto riesgo, sino por inducir a la gente a acumular activos que el gran consenso considera que son de bajo riesgo”.

Rememora también lo sucedido en España, en el Gobierno de Zapatero, cuando se produjo una burbuja inmobiliaria de proporciones incalculables en 2007. Zapatero implementó un programa de gasto público con muy pocos precedentes; y, por otro lado, el Banco Central Europeo redujo las tasas de interés a mínimos históricos con los activos alemanes, holandeses o fineses como colateral. Varias instituciones entraron en quiebra, hasta que en 2011 Zapatero se vio forzado a dimitir y convocar a elecciones anticipadas.

Costos e insumos

El costo de la construcción, medido por el índice del costo de la construcción, viene mostrando un comportamiento cíclico, con una tendencia a la baja iniciada a mediados de 2012 y que ha persistido hasta inicios de 2016. 

Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2016 se advierte un ascenso; de hecho, durante el primer trimestre de 2017 aumentó en 2.1% respecto a similar periodo, refiere la Fundación Milenio.

Cifras constructoras

La construcción ha sido una actividad muy importante para la economía boliviana en 2016 con un crecimiento de 7.8 por ciento respecto a 2015.

Este mayor dinamismo se ha reflejado, por ejemplo, en una mayor cantidad de permisos de construcción aprobados el año 2016, del orden del 14.4 por ciento, lo que además ha supuesto una recuperación de tres años consecutivos de caída en los permisos de construcción a nivel nacional.

Cobija y Cochabamba son las ciudades que lideran la cantidad de metros cuadrados aprobados, habiendo subido en 115.0 por ciento y 47.3 por ciento, respectivamente. También Oruro, Sucre y Trinidad aumentaron los permisos de construcción, pero no así las ciudades de Tarija, Potosí, La Paz y Santa Cruz, que más bien redujeron el número de permisos de construcción.