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DESFALCO

DESFALCOS MILLONARIOS

El fraude en el Banco Unión destapó la olla de préstamos vinculados al más alto nivel desde el año 2000 en el sistema financiero. El reciente caso, del ex funcionario Pari, parece ser sólo la punta del ovillo.

Desfalcos, malos manejos, pérdidas millonarias para el Estado y salvatajes fueron el común denominador dentro del sistema financiero boliviano durante cuatro gobiernos, presididos por Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Evo Morales. En estas gestiones, se prestaron dinero y/o compraron acciones con recursos del Tesoro General del Estado (TGE) a los bancos Unión, Ganadero y Nacional de Bolivia, entonces declarados en quiebra y vinculados a intereses corporativos, empresariales y políticos.
Así lo puso al descubierto el Ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, cayendo de sorpresa a los diputados de la Comisión de Planificación y Finanzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde acudió para dar informe oral sobre el desfalco que se destapó en el Banco Unión.
Como una suerte de descargo por este millonario escándalo a un banco que es propiedad del Estado, la autoridad gubernamental comenzó hablando de otros casos mucho más graves para las arcas fiscales. Apropiación de fondos públicos a través de leyes y decretos.
En la ocasión, habló de decretos, de involucrados, de montos millonarios, un tema que en cifras hace, en apariencia, que el caso del fraude contra el Banco Unión quede pequeño.

¿Cómo sucedió?
El 1 de septiembre de 1995, mediante Decreto 24110 se creó el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif), como entidad pública descentralizada, cuya finalidad era ampliar la base patrimonial de las entidades financieras privadas.
El 13 de diciembre de 1996, mediante Decreto 24436, el objeto del Fondesif fue ampliado al fortalecimiento del sistema cooperativo de ahorro y crédito, aumento de disponibilidad de recursos financieros para el sector productivo, canalización de recursos de las entidades, fortaleciendo a los intermediarios financieros no bancarios, entre otros.
A su vez, la Ley 2196 de 4 de mayo de 2001 fijó otro rol adicional en el gobierno de Banzer. Se puso en marcha, el Programa de Fortalecimiento Patrimonial (Profop), con $us 80 milllones, provenientes del TGE, para las Entidades Bancarias y no Bancarias, mediante el otorgamiento, por única vez, de créditos subordinados por parte del Estado, para su capitalización, fusión o transformación, describió Guillén.
La norma, además, estableció las modalidades para su financiamiento y encomendó al TGN la suscripción de un contrato de fideicomiso con el Fondesif, para la administración de créditos subordinados, y otros aspectos inherentes al Profop.
El programa estaba administrado por Fondesif y Nafibo, “para prestar plata”, reveló el Ministro.

Informe
Junto a Guillén, brindaron información oral la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, y el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Durante más de tres horas, entre las 11:00 y las 14:30 del  jueves 26 de octubre, las tres autoridades rindieron examen frente a los diputados y esclarecieron, en parte, cómo un funcionario (Juan Pari) se llevó más de $us 5 millones, aparentemente solo, de las arcas del banco más importante que tiene hoy el Estado.
En una suerte de descargo de gestión sobre una entidad financiera con un prontuario de múltiples problemas financieros y escándalos de fraude, desde que nació a principios de la década de los 90, la autoridad bajó el velo a una “grosera situación” en el Banco Unión, donde Juan Pari, empleado, bachiller y jefe de las oficinas rurales de Batallas y Achacachi, se llevó Bs 37.690 millones.
Con su relato ante la comisión fiscalizadora, lo que hizo Guillen, además, fue poner de manifestó que no era el primer caso, sino que, ya hubo en años anteriores, uso y disposición discrecional de recursos públicos del Estado a favor de grupos económicos, empresariales y políticos ligados al sistema financiero por varios millones de dólares ,“y sin embargo, nadie dijo nada hasta ahora”.
Según Guillen, el Profop recibió soporte y respaldo adicional de fondos con los exjefes de Estado, Quiroga y Mesa, y también le tendió la mano el actual Presidente, con quién no sólo siguió en pié hasta el año 2007, sino que accedió a una inyección adicional de dinero.
Así, en 2001, Quiroga incrementó los fondos del programa de $us 80 a 120 millones; dos años después, el 2003, el Estado puso a disposición de las entidades financieras, en el gobierno de Mesa, $us 200 millones, relató la autoridad.
"Mientras el pueblo se está muriendo de hambre, el gobierno de Carlos Mesa continuó apoyando a una burguesía quebrada y que sigue en los bancos succionando el poco ahorro interno y la poca capacidad financiera del Estado", expresó.
Pero hay más. Para asombro de todos y con el objetivo de convencer que el desfalco que hizo Parí fue nada, el Ministro optó por identificar a los bancos que durante ese periodo estaban declarados en quiebra o por lo menos con graves y delicados problemas financieros que recibieron ayuda del Estado a través de préstamos con dinero del Tesoro.

Los beneficiarios
“¿Quiénes se beneficiaron con este fondo?”, lanzó entonces la interrogante Guillén a los parlamentarios. De inmediato, él mismo comenzó a identificarlos con nombres y apellidos.
“Fernando Bedoya y Roberto Saavedra Bruno (militante del MIR), ambos socios del BNB; Andrés Petricevic (empresario vinculado al MNR), Luis Saavedra Bruno (vinculado al MIR) y Jorge Guillermo Valdez (diputado del MNR), los tres socios importantes del Banco Unión; y Fernando Monasterios, empresario y principal socio del Banco Ganadero”, precisó.
De esta manera, el Estado desembolsó $us 60 millones a favor de entidades financieras con problemas.
Los “banco vínculos” que a principios de los años 1990 y 2000 caracterizó al sistema financiero boliviano, fue una vez más rememorado por Guillén para justificar dos cosas: Primero, que el desfalco en el Unión fue un hecho aislado y, por lo tanto, un “grosero robo”; y, segundo, que es necesario que el país conozca cómo se llevaron dinero en gobiernos anteriores, utilizando normativa jurídica aprobada.
Jaló entonces un hecho conocido a medias, pero que Guillén terminó oficializando como denuncia. Que cuando quebró el Banco Sur, el principal socio y propietario, Jorge Córdova, denunció que era una vendetta del gobierno de Sánchez de Lozada, quien le pidió $us 250 mil para costear su campaña electoral, pero sólo desembolsó 150 mil y logró una gerencia en el Banco Central de Bolivia (BCB).

El caso Banco Unión
El pasado del Banco Unión, hoy uno de los más grandes e importantes del sistema, es una trayectoria de problemas financieros y múltiples denuncias de fraude y corrupción. Tenía una cartera en mora del 29% desde 2001 y continuaba funcionando gracias al encubrimiento de varias instancias y autoridades de Estado.
De acuerdo al Informe SB/ISB/11516, efectuado por inspectores de la entonces Superintendencia de Bancos, existían créditos vinculados otorgados a "palos blancos" de Andrés Petricevic, Jorge Valdez y Luis Fernando Saavedra Bruno, los socios más importantes del Unión.
Entre los créditos vinculados a Jorge Valdez otorgados por el banco, se encontraban el de Gregorio Huanca Cruz (portero de Bolivian Automotors, vinculado al diputado del MNR Jhonny Salvatierra); a Guillermo Flores Alvarez (empleado de la empresa Agroindustrial La Chonta, vinculado a Jorge Valdez Añez y Fernando Antelo Gil); crédito a favor de la Compañía Maicera SA, vinculada a Andrés Petricevic y Luis Saavedra Bruno.
Lo más sorprendente fue el hecho de que a pesar de todos los antecedentes, el Ejecutivo promulgó el Decreto 27258, como premio a los malos manejos administrativos del Unión, donde el Estado boliviano asumió parte de la quiebra por medio de Nafibo, otorgándole $us 14 millones del TGN.
La composición accionaria del banco, al 31 de diciembre de 2002, era: Empresa Tarija S.A. 32,97%; Andrés Petricevic, 20,95%; Luis F. Saavedra Bruno, 15,26%. El diputado del MNR, Jorge Guillermo Valdés A., 13,83% y la chilena Inversiones G&V S.A., 3,23%.
Cuando nació la entidad a principios de la década de 2000, reportaba pérdidas por Bs 180 millones, y el 53% de su capital social estaba comprometido. “Estaba en quiebra técnica. Debería haber sido intervenido, pero le dan plata por favores políticos”, relató Guillén.
El banco fue entonces favorecido por el expresidente Mesa, que ordenó el desembolso a su favor de Bs 157 millones, equivalente a casi $us 23 millones. “Así logran salvarlo”, apuntó la autoridad.
Con recursos frescos, el gobierno de entonces decide capitalizar la entidad absolviendo las pérdidas y convirtieron la inyección de capital en acciones, con lo que el Estado decide hacerse cargo de la entidad.
Con la llegada de Morales en 2006, la situación no sufrió mayores modificaciones. Por el contrario, Guillén terminó confesando que el 2013 el Estado optó por comprar a Petricevic, Jorge Valdez y Saavedra Bruno, a Bs8 cada acción. Los principales socios tenían, cada uno, encima del millón de acciones.
“En septiembre de 2013, Petricevic y Saavedra venden las últimas acciones que tenían en el banco al Tesoro, 1 millón 265 mil, y de 1 millón 265 mil acciones, respectivamente. Valían Bs10 por acción nominal. Les pagamos Bs8 para controlar el banco”, declaró Guillén.

Nueva administración
El gobierno de Morales autorizó la compra de acciones de los socios del Banco Unión para convertirlo en el mecanismo facilitador de las operaciones financieras de la administración pública.
A partir de ese momento, el TGN se constituyó en el mayor accionista, con 11,09 millones de acciones, que representaban el 83,19%, según registro de la Bolsa Boliviana de Valores.
La participación estatal es consecuencia de la conversión irrevocable del crédito subordinado del Profop en acciones", señaló el Decreto 620 que aprobó el gobierno.
La normativa autorizó al Ministerio de Economía la compra de acciones que estén disponibles, para lo cual modificará el presupuesto, según manda el Decreto 620, de 1 de septiembre de 2013. Además, instruye al BDP transferir las acciones ordinarias de la capitalización de créditos subordinados del Profop al Ministerio.
“Es pertinente fortalecer la participación accionaria del TGN en el capital social del Banco Unión, con la perspectiva de que dicha entidad financiera sea la que facilite al Estado la realización de las distintas operaciones financieras de la administración pública y se configure en una sólida entidad bancaria bajo el control accionario mayoritario por parte del sector público”, subrayó entonces la norma.
Los accionistas privados del banco son Andrea Petricevic, 9,52%; Luis Saavedra, 3,51%; Roberto Roja, 2,25, y otros con menos de 1%.
Con mayor cantidad de acciones en propiedad estatal, el gobierno decidió inyectar nuevo capital con Bs 350 millones en 2012, y en 2016 el desembolso llegó a 139,2 millones, con lo que el dominio de capital social del Estado llegó al 98.38% de acciones, según Guillén.
Para obtener resultados, el gobierno tuvo que asumir decisiones estratégicas que pasaron por evaluar si apostaban por cerrar el banco o apoyarlo para manejar la entidad financiera, relató.
“El año 2005 recibimos un banco con un capital social de 1.500 millones de bolivianos, de los cuales 1.228 millones era cartera comprometida y de esa cantidad de dinero deberíamos castigar 410 millones, porque definitivamente era cartera basura”, agregó.
“Entonces teníamos que asumir una decisión, si interveníamos el banco perdíamos todo, es decir, al menos 24 millones de dólares”, relató.

Delitos financieros
Para el diputado Barral, miembro de la Comisión de Planificación y Finanzas, lo que destapó Guillen en su informe oral fueron “delitos financieros” que tendrán que ser investigados.
Adelantó que solicitará, por los canales que corresponda, información adicional sobre las condiciones en que el gobierno de Morales compró casi el 90% de las acciones del Banco Unión en 2013; pero además, cómo y bajo qué condiciones la entidad financiera recibió, hasta ahora, recursos del TGN desde la gestión de Banzer.
“Estamos trabajando con asesores para continuar las investigaciones sobre lo que está descubriéndose estos días y considero además que el informe oral que prestó Guillen, quedó inconcluso”, puntualizó.
Según Barral, no sólo el BNB, el Ganadero y Unión recibieron apoyo del TGN para seguir adelante y salir del fango financiero en que se hallaban, sino que existe información de que el gobierno de Morales hizo lo mismo con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), que puso en funcionamiento y tiene como finalidad prestar dinero para la actividad productiva nacional.

Resguardo financiero
La ley y reglamentos que se aprobaron para prestar dinero a los bancos con problemas, “estuvo destinada a precautelar la estabilidad del sistema financiero boliviano, de tal manera que exista suficiente liquidez, no sólo para la devolución de los depósitos, sino también, que el flujo económico en el mercado interno puede funcionar adecuadamente y sin inconvenientes”, explica el analista financiero Germán Molina, consultado por este medio.
Plantea que a principios de los años 1990 y principios de 2000, existió en el Estado un blindaje legal que tuvo respaldo no sólo de la Constitución, sino también de la Ley del Banco Central, que se aprobó en 1990 para garantizar que exista liquidez en el sistema.
“Hubo el riesgo, entonces, de que ante múltiples problemas que enfrentaba el sistema financiero, la población hubiera recurrido a un retiro masivo de fondos, lo que hubiera generado un problema estructural al sistema financiero boliviano”, recuerda Molina.
Ley del BCB sigue vigente, lo que garantiza que el sistema siga funcionando y tenga la liquidez económica que requiera, acotó.
“El sistema financiero en Bolivia tiene que funcionar con solvencia y liquidez porque es fundamental para la actividad económica de un país; si tiene problemas, repercute en toda la economía, por eso se creó la ASFI, para que se pueda hacer un seguimiento diario”, concluye.

A Parí le costó 15 mil el puesto
Para ingresar al Banco Unión, Parí entregó en calidad de garantía $us 15 mil, presentó dos garantes personales y un inmueble, reveló Lenny Valdivia.
En su informe ante los diputados, explicó sobre cuánto de dinero manejan no sólo la agencia rural de Batallas, sino también la de Achacachi: un promedio diario de Bs 1.8 millones.
Pari, supuestamente solo, llegó a sacar un promedio de Bs 3,5 millones por mes durante un estimado de 12 meses, llegando a la astronómica cifra de Bs 37,6 millones de desfalco.
Este monto representa el 26,6% del aporte de capital que inyectó el TGN al banco –el más importante del Estado y que maneja las cuentas de las entidades públicas, alcaldías y gobernaciones, entre otros- durante el año 2016.
Vale decir, se llevó las utilidades que el banco ganó en 2009 cuando reportó un superávit por Bs 39 millones, señaló el diputado Amilkar Barral, de Unidad Democrática, durante la sesión informativa.

Hechos delictivos por fraude interno Banco Unión

Otros 6 fraudes entre 2010 y 2017
Los hechos delictivos en el Banco Unión llegan a un número de seis entre 2010 y 2017. La información, hasta ahora confidencial, fue oficializada por la directora de la ASFI.
“Por fraude interno, vemos seis hechos delictivos con relación a otras entidades financieras”, afirmó Valdivia. “No es algo excesivo con respecto a otros hechos registrados en otras entidades, pero no debió haber pasado”, agregó.
El registro oficial de fraude interno señala que en 2010, Bs 415.784 fueron indebidamente apropiados por terceras personas, a las cuales no se identificó y tampoco se informó si fueron castigadas penalmente.
Llama la atención que este año, el banco registró tres eventos de fraude financiero por Bs 30.000, 160.000 y 195.000. En total: Bs 800.784.
También hubo fraude en dólares. En 2014, hubo apropiación indebida por $us 45 mil; en 2015, por 573.652; y este año 173.000.
“Lo que vamos a pedir ahora es información precisa para saber qué hizo el Banco con los presuntos responsables, si el dinero fue recuperado y, en lo fundamental, por qué no funcionaron, una vez más, los controles cruzados en la entidad financiera”, anunció Barral a este medio.

 

 

Edwin Miranda V. /La Paz

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