El lavado de dinero aún sigue siendo fácil en Bolivia
La UIF revela que salen del país mil millones de dólares al año, a Paraísos Fiscales con el fin de blanquear capitales. Dircabi habla de “varones del narcotráfico” y anuncia nuevas revelaciones para los siguientes meses.
El bullado caso de Pedro Montenegro, que destapó vínculos de autoridades de la Policía Nacional, del Órgano Ejecutivo y empresarios privados con actividades ilícitas del tráfico de drogas, ha resultado el más emblemático de los últimos años, pero al parecer no sería el más significativo.
En los próximos meses, según conoció este medio, se pondrá al descubierto a verdaderos “varones del narcotráfico” que aún campean en el Estado y tienen patrimonio inmobiliario multimillonario. Por ejemplo, por primera vez se pondrá a subasta pública una hacienda en el Beni, de alrededor de 80.000 hectáreas, de nombre Villa Alejandra.
La economía de las drogas ilícitas necesita ocultar el origen de sus bienes y los flujos, a fin de integrarlos al sistema económico legal.
Estos fondos ilegales ingresan a la economía legal a través del lavado de activos, que comprende un conjunto de actividades dentro y fuera del sistema financiero, con el objeto de legitimar sus ganancias obtenidas a través de acciones delictivas.
La Organización de Estados Americanos (OEA), en un estudio que hizo sobre la economía de la droga en los países de América, señala que la ONU calcula que en los países en Latinoamérica, los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a alrededor de $us.150.000 millones –poco menos de la mitad del volumen mundial– aunque otras estimaciones son más bajas. Norteamérica actualmente representa una proporción predominante del total hemisférico, lo cual se debe tanto a precios más elevados como a una prevalencia mayor, aunque esto podría cambiar en el futuro, señala el referido estudio.
Y Bolivia, uno de los principales países productos de cocaína, se encuentra entre los países donde se mueve una importante cantidad de dinero proveniente del tráfico de drogas, calculada entre $us 2.000 a 2.500, suma que alimenta en parte la economía del día a día de los bolivianos.
Hacia paraísos fiscales
“De Bolivia salen unos 1.000 millones de dólares a paraísos fiscales”. La revelación la hizo la Directora Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales Olivera.
Para la autoridad, la cifra corresponde a estadísticas oficiales que tiene en carpeta la UIF de la Gestión 2016. “Ese dato lo tenemos, no sabemos si años anteriores salió más, pero hay una suma importante de dinero que está saliendo como fuga de capitales”, apunta Morales.
En declaraciones exclusivas a LIBRE EMPRESA en La Paz, Morales explica que los Paraísos Fiscales, lo que hacen es “lavar dinero, o blanquear capitales” provenientes de actividades como el narcotráfico, trata de personas, terrorismo, corrupción, contrabando y otro tipo de acciones ilegales. Los millonarios fondos salen a Panamá, las Bahamas e Islas Vírgenes.
En lo que va de un año y tres meses que está al frente de la UIF, la autoridad remitió a la Fiscalía al menos 300 informes sospechosos de legitimación ilícita de capitales. De esta cantidad, “el 80% fueron judicializados, es decir, son casos en los cuales hay pruebas de que alguien envió a un Paraíso Fiscal, un millón de dólares”, afirma.
Libre Empresa preguntó a Morales si la UIF tiene cifras oficiales sobre la cantidad de dinero proveniente del narcotráfico que estaría siendo lavado en la economía nacional.
“Estamos en un estudio, el primero que se va hacer en Bolivia, sobre evaluación nacional de riesgos. Tenemos expertos en lavado de dinero que llegaron del Uruguay, del Fondo Monetario Internacional, y de la UNODC (dependiente de las Nacionales Unidas para lavado de activos), con sede en Colombia. Con este equipo, además de economistas bolivianos, vamos sacar un diagnóstico, no sólo de la cantidad de dinero que se lava en el país, pero además en qué actividades se está blanqueando más dinero”, responde la autoridad.
Lavado sencillo
Las acciones que está emprendiendo la UIF también se enmarcan en objetivos concretos de gestión institucional y cumplimiento de metas, debido a que Bolivia está pronta a ser evaluada, una vez más, por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el próximo año, en temas de lavado internacional de capitales. El examen será el 2020 y culminará el 2021, precisa la autoridad.
El lavado de dinero es relativamente sencillo en Bolivia. El GAFI, un organismo intergubernamental, retiró en 2013 a Bolivia de su “lista gris” de países que no están haciendo lo suficiente para combatir el crimen, después de que el Congreso aprobara una legislación básica contra el lavado de dinero.
Sin embargo, casi no hay controles sobre el sistema bancario. Sólo se han abierto un puñado de investigaciones sobre lavado de dinero y ha habido aún menos condenas. Morales asegura que Bolivia no sólo aprobará normas, sino que establecerá mecanismos e instrumentos eficientes y eficaces que permitan prevenir e identificar operaciones de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento al Terrorismo (FT) y/o Delitos Precedentes (DP) y maximizar el procesamiento de casos, señala Morales como objetivo estratégico que busca consolidar la UIF.
“Pedro”, un traficante de drogas en Santa Cruz, le dijo a InSight Crime que él había visto a delincuentes internacionales llegar a las empresas constructoras con maletas llenas de dinero en efectivo, y que el lavado de dinero en Bolivia era a menudo así de simple.
Millonarios bienes incautados
Para lavar los activos procedentes de las drogas e ingresarlos al sistema financiera formal, se pueden utilizar varios métodos. Entre ellos se incluyen, la sobrefacturación de las importaciones, la compra de tarjetas prepagas de sistema abierto, el cambio de divisas digitales, el envío de dinero a través de más de 200 sistemas de pago electrónico, y a través del lavado de dinero en negocios que basan sus operaciones en transacciones en efectivo –tales como hoteles, casinos y empresas de construcción– que son controlados por grupos criminales organizados.
Además, las compras de drogas se pueden blanquear a través de la compra y reventa de bienes raíces, vehículos y otros bienes suntuarios. Aun cuando están vigentes diversas regulaciones financieras, los registros de las transacciones inmobiliarias con frecuencia permanecen en manos de diferentes notarios públicos y es difícil rastrearlas, lo cual convierte a los negocios inmobiliarios en un método favorable tanto para el consumo como para el lavado de las ganancias procedentes de las drogas.
Al respecto, el Director Nacional de Dirección Nacional de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, revela a este medio que sólo en lo que va de marzo y abril de 2019, logró secuestrar al menos $us 500 mil en dinero efectivo a bandas criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y que aparentemente estaban destinados a introducirse en la economía formal.
Los montos millonarios estaban destinados a “pagar por el tráfico ilícito de drogas” en el territorio nacional. El golpe certero puso en evidencia, cómo y bajo qué condiciones las organizaciones criminales operan en el Estado.
La información no hizo otra cosa que abrir los ojos a un problema, el de la administración, resguardo y disposición, de los bienes incautados al narcotráfico, que a diario debe resolver la Dircabi, para estrangular actividades criminales, por un lado, y, por el otro, hacer los esfuerzos necesarios para que el patrimonio que genera el narcotráfico pueda llegar a beneficiar a la población.
En lo que va de la gestión 2018, Dircabi promovió bajo el instituto jurídico de pérdida de dominio, por el cual los bienes incautados al narcotráfico pasan a propiedad definitiva del Estado, sin esperar una sentencia ejecutoriada en contra del o los responsables del delito penal, más de 200 acciones.
“Logramos más de 20 sentencias el año pasado. Para este año vamos a informar sobre la existencia de temas paradigmáticos en contra de grandes narcotraficantes”, adelanta Gutiérrez.
Con la Pérdida de Dominio, “este año vamos afectar por lo menos 500 bienes incautados al narcotráfico, sin necesidad de esperar una sentencia ejecutoriada”, adelanta el director de Dircabi.
Agrega que el proceso de transparencia que se implementó en Dircabi permitió en los últimos dos años monetizar más de $us 10 millones, que quintuplica la cifra que se registraba en los anteriores 40 años de existencia.
Clanes criminales
Bolivia llegó a tener sus propias mafias. La más destacada estuvo dirigida por Roberto Suárez, conocido como “El rey de la cocaína”, quien incluso llegó a trabajar con Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.
A mediados del año 1995, Luis Amado Pacheco, alías “Barbaschoca”, puso al descubierto cómo un narcotraficante ligado al Cartel Jalisco de México, logró comercializar toneladas de droga cristalizada desde el aeropuerto internacional de El Alto de La Paz.
Hoy el crimen organizado en el país está limitado principalmente a clanes criminales, los cuales participan en una amplia variedad de actividades delictivas, principalmente el contrabando. En ocasiones, estos clanes involucrados en el tráfico de drogas también participan en la producción de base de coca.
Según una fuente de alto nivel en la Policía boliviana, el más sofisticado de estos clanes puede reunir hasta mil kilos de base de coca y enviarlos a los grupos del crimen organizado brasileño. Esta base de coca, o pasta de cocaína, posteriormente abastece el mercado del “basuco”.
El basuco es como el crack, una forma altamente adictiva de la droga que se fuma. Es más barato de producir que la cocaína, y el pico de su efecto es intenso pero de corta duración, haciendo que los adictos lo consuman de manera repetida y prolongada, lo que genera un daño permanente en su salud. Al igual que la epidemia del crack en Estados Unidos en los años ochenta, que dio lugar a la guerra contra las drogas, Brasil, y en menor medida Argentina, ahora están luchando para controlar la creciente cantidad de consumidores de basuco. Bolivia es el principal proveedor de ambos países.
Minería ilegal
Tres fuentes subterráneas que promueven actividades ilícitas, alimentan la economía nacional con cerca de 4.500 millones de dólares. El narcotráfico, la minería ilegal y el crónico déficit fiscal del Estado, sostiene el economista, Rolando Morales.
Dos de las fuentes identificadas, el narcotráfico y la minería ilegal, “no están contabilizadas” en las cuentas públicas. El narcotráfico llega a generar entre $us 2.000 a 2.500 y la minería cooperativizada ilegal, podría estar produciendo cerca de $us 1.000 millones, precisa.
La OEA, en un informe sobre la economía ilegal que genera el narcotráfico, ya puso el dedo sobre la llaga cuando habló sobre la minería en Bolivia, Perú y Chile, además de la Argentina.
La industria de la minería es actualmente una de las principales fuentes del crecimiento económico en la región andina –y una fuente importante de dinero lavado. En algunos casos, las organizaciones criminales convierten el oro en joyería, la cual puede ser transportada con mayor facilidad que el dinero en efectivo, reportó la organización internacional. En Perú, en el gobierno del expresidente Alberto Fujimorí, el expadrino mayor de ese gobierno, Vladimiro Montencinos, reveló en su momento que una forma de lavar dinero durante el gobierno que regentó, era comprar “relojes caros hechos o bañados en oro”.
En lo que respecta al déficit fiscal, Morales explica que éste llegó al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente casi $us3.500 millones. ¿Cómo y bajo qué condiciones está siendo financiado?, es un tema oscuro que las autoridades económicas del Estado manejan en reserva; sin embargo, sus efectos se traducen en la presencia de mayor circulante (moneda en efectivo) en la economía nacional que podría estar bordeando los $us 1.000 millones, enfatiza.
