YPFB 11 AÑOS DESPUÉS

Estigmatizada por la corrupción

La empresa más grande del Estado, la que provee más recursos a los bolivianos, ha cambiado durante 11 años ocho presidentes ejecutivos, casis todos con acusaciones en su contra

^{Escribe: Edwin Miranda V. / La Paz}

¿Qué fue de la Corporación YPFB que prometió hacer realidad el Gobierno a partir del Decreto Nº 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos, promulgado en mayo de 2006, y que fijó entonces un plazo de 60 días para su refundación?
Olvido y hasta frustración, hallamos como respuesta a este compromiso histórico que, hace 11 años, hizo el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma.
YPFB hoy no sólo está endeble, por falta de institucionalidad y carencia de recursos humanos calificados, sino que hasta ahora no logró hacer realidad una transformación estructural y continúa estigmatizada por la corrupción, sin mencionar la fuerte disminución de sus ingresos a consecuencia de la caída de precios de los hidrocarburos.
Como si fuera poco, YPFB no controla la cadena petrolera del Estado y la mentada nacionalización quedó trunca, sostiene el ex presidente de la estatal petrolera, otrora hombre fuerte del MAS-IPSP y gestor del regreso de los hidrocarburos a soberanía nacional, Santos Ramírez, en entrevista con LIBRE EMPRESA, en La Paz.
Lejos está la decisión de convertir a YPFB “en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social”, sostiene a su vez la Fundación Jubileo en un amplio diagnóstico que hizo sobre la situación en que se halla la petrolera estatal, transcurridos 11 años desde su publicitada refundación que prometió el Gobierno actual.
La intención de crear una corporación estaba orientada a la recuperación de las empresas capitalizadas que anteriormente pertenecían a YPFB, y que como resultado de los procesos de capitalización y privatización de la década de los 90, culminó con la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006.

“Camino de la muerte”
La situación en que se encuentra YPFB fue también motivo de comentarios y atención de parte del exministro de Hidrocarburos y consultor internacional en petróleo, Mauricio Medinacelli, que comparó lo que está sucediendo con la estatal petrolera, con el camino de la muerte, así bautizado la ruta a la provincia Los Yungas en La Paz, un camino estrecho, lleno de peligros y, sobre todo, inseguro para transitar con seguridad y confianza.
Según Medinacelli, YPFB perdió la brújula como empresa y el Gobierno está equivocado en la disposición de políticas de Estado orientadas a modernizar a la empresa anunciando decisiones que, lejos de mejorar la situación de la compañía, podrían llegar a empeorarla.
“El Gobierno, en un afán por mostrar que controla la corrupción de la empresa estatal del petróleo, nombra al Ministro de Hidrocarburos como presidente del directorio. ¿Por qué es malo esto? Porque si bien intenta frenar la corrupción, elimina la independencia de la estatal petrolera… la injerencia político-partidaria en dicha empresa ahora tiene las puertas abiertas. Como lo dije, la solución por el desastre”, alerta.
Medinacelli hizo referencia, de esta manera, a la decisión del presidente Evo Morales de entregar el control absoluto de la empresa al Ministerio de Hidrocarburos para que pueda servir de cancerbero para ejercer una fiscalización rigurosa a la gestión corporativa.
La decisión política obedece también a la necesidad de sofocar, estructuralmente, un reciente hecho de corrupción que salpicó, una vez más, la gestión en YPFB.

Ocho presientes “quemados”
Desde hace once años ya quemó ocho presidentes ejecutivos que abandonaron la compañía acusados, casis todos, por denuncias de corrupción en la empresa más grande del Estado.
YPFB está a cargo de la dirección del sector tras la nacionalización decretada por el presidente Morales en 2006, una política que generó $us 31.500 millones de ingresos para el Estado en una década, según cifras oficiales.
El caso más reciente se produjo por supuestas irregularidades en la compra de tres taladros de perforación a la firma italiana Drillmec por $us 148,8 millones, por el que Guillermo Achá fue destituido de la presidencia de YPFB.
Cuando tomó juramento al nuevo ejecutivo de YPFB, Oscar Barriga, el Presidente Morales aseguró que algunos expresidentes de la empresa fueron falsamente acusados de corrupción por la "derecha" para "desgastar" a la "empresa más grande de los bolivianos".
Defendió sobre todo a Jorge Alvarado, el primer presidente que tuvo YPFB cuando Morales asumió el poder en 2006, que fue después embajador en Venezuela y hoy es gerente de Misicuni. Fue acusado de haber vendido crudo en desuso a una empresa extrajera para comercializarla en el mundo a espaldas del Gobierno central.
El sucesor de Alvarado, Juan Carlos Ortiz, dimitió a cinco meses de haber asumido el cargo, alegando falta de respaldo a su gestión.
En su lugar entró Manuel Morales Olivera, quien duró casi un año en el cargo. Fue sustituido después de haber introducido en los 44 contratos con las empresas petroleras transnacionales el Anexo D, que no es otra cosa que una disposición legal que autoriza a las operadoras a deducirse gastos a cambio de inversiones.
Después llegó Guillermo Aruquipa, cambiado luego de casi un año en medio de denuncias de corrupción de tráfico de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en la región amazónica del Estado.
El caso más sonado fue el protagonizado por el sucesor de Aruquipa, el exsenador Santos Ramírez, por entonces hombre fuerte del oficialismo y potencial sustituto de Morales en el poder.
La trama de corrupción en este caso estalló en enero de 2009, cuando el empresario boliviano Jorge O'Connor D'Arlach fue asesinado a tiros en La Paz, a las puertas de una casa de la familia de Ramírez, cuando llevaba $us 450.000 en efectivo.
La Fiscalía acusó al exsenador de tener un acuerdo con la firma argentino-boliviana Catler Uniservice, representada por O'Connor y por el argentino Agustín Melano, para ganar una comisión ilegal por contratarlos para construir una planta separadora de gas.
La gestión del sucesor de Ramírez, Carlos Villegas, fallecido en enero de 2015 por cáncer, fue destacada siempre por Morales, pero no pudo librarse en niveles intermedios de las denuncias de corrupción. En concreto, fue acusado de delitos uno de los gerentes clave en la licitación para la construcción de dos plantas de gas natural en las que el Gobierno hizo una inversión millonaria.

Falta de confianza y transparencia
La realidad sigue siendo lapidaria para la empresa. YPFB continúa manteniendo la estructura orgánica y las sedes establecidas en la Ley Nº 3058 del año 2005 y que continúan vigentes a pesar de que la Constitución Política del Estado del año 2009 ha cambiado radicalmente el marco legal y las políticas hidrocarburíferas del país, señala Jubileo.
La estructura, distribución de sedes y las funciones que se le atribuyen a YPFB no acompañan esta nueva visión de país.
La actual distribución de las sedes de Presidencia Ejecutiva, vicepresidencias y gerencias de YPFB, vigentes desde la promulgación de la Ley Nº 3058 del año 2005, ha generado debilidad en la gestión de la estatal petrolera, doble rol operador y fiscalizador, y vacíos que pueden facilitar hechos de corrupción, apunta la investigación que hizo la entidad privada.
La falta de transparencia y el casi inexistente acceso a información oportuna de la gestión del sector hidrocarburos vienen generando también, cada vez, más desconfianza en la industria, pero sobre todo en la población, sobre cómo y bajo qué condiciones se vienen manejando los recursos naturales no renovables que tiene el Estado.
Los recursos hidrocarburíferos son del pueblo boliviano y son fuente de importantes excedentes económicos que deberían servir para desarrollar otros sectores económicos generadores de empleo y valor agregado; por ello, su administración y gestión ha sido delegada por el pueblo mediante la Constitución a YPFB. Se espera una gestión seria, transparente, sostenible y eficiente por parte de las autoridades de turno que administran la empresa de los bolivianos, reflexiona Jubileo.
Para encarar con seriedad y firmeza una refundación verdadera de YPFB, es imperiosa la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, a fin de establecer, entre otras cosas, roles claros para las entidades públicas del sector –Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, Agencia Nacional de Hidrocarburos y Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos-, enfatiza la investigación.

Retorno de la capitalización
Bajo este sugestivo título, Medinacelli también puso en la mesa de discusión que YPFB no sólo que perdió el control soberano sobre los hidrocarburos, sino que como en las mejores épocas de los gobiernos a los cuales el MAS-IPSP llama “neoliberales”, la estatal, por decisión política, optó por apostar al capital privado para evitar el colapso de la producción de gas y líquidos en el Estado.
Y es que la debilidad en la que está sumida YPFB, además de la falta de recursos humanos capaces de enfrentar los retos que tiene al frente, llevaron al Gobierno a volcar, una vez más, sus ojos paradójicamente a la capitalización, para reflotar la industria petrolera en el Estado.
De hecho Ramírez develó también esta situación cuando reconoció que “once años después, YPFB no tiene capacidad histórica para enfrentar desafíos estratégicos y no produce un solo barril de petróleo y gas. Todo está en manos de las operadoras privadas”.
Un ejemplo: “La exploración y explotación, el corazón de la industria petrolera en el Estado, continúa en manos de las transnacionales”, asegura Ramírez.
Un análisis técnico que hizo en las últimas horas Medinacelli sobre la Ley de Incentivos que aprobó el Gobierno en 2015, para convencer a las operadoras privadas transnacionales de invertir en exploración, puso al descubierto está situación, por demás significativa, ya que el Gobierno de Morales fustigó, siempre, la presencia del capital privado internacional en la industria petrolera, pero más que eso, enarboló la mentada soberanía hidrocarburífera, dominio que al parecer sólo quedó en el papel y discurso.