Carga pesada para el nuevo gobierno

El ganador de las elecciones generales de este 20 de octubre se enfrentará a un contexto económico adverso. Los ingresos no logran crecer y será necesario hacer fuertes recortes.

Precisamente, cuando el actual Presidente de la entonces República de Bolivia tomó juramento a su primer mandato, en enero de 2006, el contexto económico internacional comenzaba a ser tan favorable que año tras año iban subiendo los ingresos por exportaciones, al punto de superar todos los récords en la historia del país.
Pero, como todo lo que sube también puede bajar, en el caso del país las ventas externas sufrieron una estrepitosa caída desde el año 2015, por la baja de precios de las materias primas en el mundo, al punto que hoy, la palabra déficit es la mayor preocupación y el nuevo gobierno que sea elegido este 20 de octubre tendrá que enfrentarlo.
Expertos como los exministros de Hidrocarburos, Guillermo Tórrez y Álvaro Ríos, así como Daniel Zenteno, coinciden en que la dependencia económica del gas no durará más de diez años, porque las reservas se agotarán entre 2022 y 2030. El 77% de la producción viene de los campos Margarita-Huacaya, Sábalo, Incahuasi y San Alberto, descubiertos hace más de 13 años.
Después de que el vicepresidente Álvaro García Linera aseverara que con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), cada boliviano tiene en promedio $us 4.000 en el bolsillo, los empresarios privados le recordaron que la pobreza en el país sigue siendo elevada. Es más, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza en Bolivia en la gestión 2017 era de 35,2%.

Lo más preocupante
El déficit fiscal que arrastra Bolivia es el más alto de Sudamérica. De acuerdo a datos de la Fundación Milenio, en los últimos cuatro años sobrepasa los $us 12 mil millones.
El economista Mauricio Ríos García sostiene que la principal característica del modelo económico que ha generado un espectacular auge económico insostenible en Bolivia iniciado en 2003, re-abastecido desde 2006, agotado a mediados de 2013, y agravado con la caída petrolera de mediados de 2014, es el del estímulo de la demanda agregada interna.
“Este modelo ha híper estimulado la economía, a tal punto que ha generado serios problemas de sobrecapacidad en sectores específicamente favorecidos, en detrimento de otros que han quedado atrofiados o simplemente olvidados al mismo tiempo, ilustrando la descoordinación de la economía real entre oferta y demanda; un problema de intervencionismo de libro, pero nunca antes visto en la historia de Bolivia”, remarca Ríos.
Por su parte, el investigador y economista, Roberto Laserna Rojas, manifiesta que la situación económica del país se ha venido deteriorando y que podría desembocar en una crisis; añade que es imposible decir cuándo puede estallar la crisis, si es que lo hace de modo abrupto, o cuál puede ser el factor que desencadene ese momento. Como en toda economía, aquí también influyen muchos aspectos y sólo algunos son internos y aún menos los que pueden controlarse desde el Gobierno.
A esta reflexión se une la de José Gabriel Espinoza Yáñez, de la Fundación Milenio, quien considera que “más allá de los resultados que arrojen las elecciones del 20 de octubre próximo, es claro que 2020 va a ser un año que requerirá ajustes importantes en el manejo económico”.

Déficit y exportaciones
El déficit comercial, entre enero de 2015 y marzo de 2019 suma un poco más de $us 4.476 millones.  A su vez, el déficit fiscal está en el orden del -8,1%, considerado el más alto en Sudamérica.
Laserna sostiene que éste es aumento muy grande del déficit fiscal y que exige reducir los gastos públicos, que son excesivos e ineficientes, empezando por las empresas públicas y terminando en la burocracia creada para supervisar trámites que son innecesariamente complicados cuando no directamente inútiles.
“Hay varios mercados que están muy distorsionados por la intervención pública, que no dinamizan la economía y que generan una parte importante de ese déficit fiscal. El caso más serio es el de los carburantes, que absorben ahora subsidios insostenibles y que además se distribuyen de una forma inequitativa e improductiva”, observa.
Espinoza abre un panorama más amplio y mira también el comportamiento del contexto internacional que afecta, de cierta manera, a la economía boliviana.
Indica que este contexto es aún más incierto que a inicios de la segunda década del siglo XXI, y en muchos aspectos, más complejo para las economías exportadoras de materias primas.
“La guerra comercial que ha desatado Donald Trump ha empujado a la baja a una serie de precios, entre ellos el de la soya, lo que junto con las menores previsiones de crecimiento de las economías vecinas, hacen suponer que los ingresos por exportaciones no se recuperarán de manera rápida”, prevé el economista de Milenio.
Complementa que los contratos de exportación de gas deben ser renegociados, aunque tanto Argentina como Brasil tienen elementos a su favor.
“La desregulación en el mercado brasileño, junto con el desprendimiento del mercado del gas es la tendencia que se observa y hace que debamos establecer mecanismos de negociación más complejos y probablemente menos halagüeños para Bolivia”, sostiene al agregar que en el caso de Argentina, y más allá de la crisis que enfrenta, en los últimos años ha logrado atraer inversiones para desarrollar el campo Vaca Muerta, lo que significa que en pocos años ese país podría pasar de ser importador a exportador, convirtiéndose en nuestro competidor antes que en cliente.

Otros indicadores
Ríos apunta que es inevitable que la demanda agregada interna en Bolivia eventualmente continúe con su larga caída iniciada ya en 2013, provocando un declive todavía mayor de la productividad, hasta observar nuevos hábitos de consumo acorde a una nueva realidad más austera.
Dentro de esa misma óptica, Espinoza observa que “los ya conocidos desbalances macroeconómicos, van junto con un cambio evidente en las expectativas de las familias, que han reducido el ritmo de su consumo, fundamental para sostener el actual modelo de crecimiento, aun cuando en los últimos 18 meses el Banco Central y el propio Ministerio de Economía han tratado, de forma agresiva, de fomentar el gasto y el endeudamiento”.
Laserna amplía la mirada y observa a los mercados crediticios que, a su criterio, están distorsionados con fijaciones de cuotas de cartera y tasas de interés y el mercado cambiario ha sido distorsionado con la fijación del precio del dólar. Es de la idea que esos mercados deben ser liberados de manera que los actores económicos encuentren nuevos equilibrios.
A estas reflexiones se debe añadir que desde diciembre de 2014, cuando se contabilizó $us 15.084 millones en las Reservas Internacionales Netas, hasta el pasado 13 de septiembre, se ha perdido más de $us 7.244 millones.

Desafíos y medidas sugeridas
Los economistas consultados, además de detenerse en el análisis del escenario que espera al nuevo gobierno, plantean potenciales salidas a los problemas económicos en ciernes.
Laserna considera que el gran desafío está en el campo tributario, dado que el actual sistema estimula la informalidad y desalienta la inversión y los emprendimientos.
Sugiere que debe buscarse la ampliación de la base tributaria a partir de la simplificación y reducción de impuestos. “Creo que la gente en general está mucho más dispuesta a contribuir con sus impuestos al funcionamiento de los servicios públicos que a evadir, pero para eso debe facilitarse el cumplimiento de obligaciones y hacer que ellas sean razonables y no tan pesadas y amenazantes como lo son ahora”, añade al advertir que si no se avanza en esta área, de nada servirán las otras, porque para que la gente se sienta estimulada a invertir y trabajar debe saber y sentir que lo que rindan sus esfuerzos será realmente suyo.
Sobre el mismo tema, Espinoza considera oportuno levantar las medidas administrativas que limitan el desempeño del sector privado, que en la mayoría de los casos se refieren a reglamentos y resoluciones en lo laboral, tributario y aduanero.
Advierte que la posibilidad de hacer fiscalizaciones que exceden los diez años atrás, la presión excesiva sobre los funcionarios para recaudar, atribuciones como la determinación de rentas presuntas, sin necesidad de establecerlas adecuadamente, y otros mecanismos, han empujado a la economía hacia una atomización creciente. Ello, junto a la alta informalidad, ha impedido la creación de empleos dignos, por lo que la vulnerabilidad de la población, ante cambios en el entorno económico, está en aumento.
La posición de Ríos es más radical, ya que propone recortar y hacer más fáciles y sencillos unos impuestos y eliminar otros.
Para él, los impuestos son una de las primeras causas de la informalidad, y se complementa directamente con el recorte del gasto público.
“También significa (este recorte) un incentivo para que el capital fresco y de calidad, de largo plazo y moderno llegue para invertir en el país. El modelo de impuestos bajos y planos seguido por Estonia es un excelente camino a seguir, si acaso la adopción de un sistema tributario neutro de nula o baja tributación como el panameño no fuera posible. Por si fuera poco, una reducción de impuestos se traduciría en un ‘efecto Laffer’ de incremento de la recaudación; cuanto mayores sean los recortes, mayor será la recaudación”.

Otros desafíos
Una sugerencia de Espinoza es racionalizar el gasto público, lo que implica recortar el gasto corriente, sobre todo en aspectos superfluos como la propaganda y el alto costo de movilización de funcionarios y entes afines al gobierno, pero también una parte del gasto de inversión o, alternativamente, buscar nuevas formas de financiamiento y ejecución, quizás a través de asociaciones público privadas, bajo esquemas que permitan la atracción de capitales nacionales y extranjeros.
Dentro de la misma línea, Ríos plantea que se deberá recortar el gasto público a la mitad, porque éste deja a los privados de adentro y fuera del país sin oportunidades de invertir generando valor de mercado. Sostiene que el Estado, por definición, no genera valor, solamente crea empleo, pero no riqueza, destruye capital y perpetúa la pobreza.
“Esto, de manera inconfundible, implica terminar con la subvención a hidrocarburos, ya no hay manera de financiarla si no es con más deuda, liquidar la gran mayoría de empresas pública deficitarias o en bancarrota, privatizar las muy pocas que el mercado como protagonista identifique como verdaderamente rentables, y despedir a cuanto empleado público supernumerario se verifique”, enfatiza.
Al finalizar, Espinoza deja en claro que para lograr estos cambios será necesario redefinir el perfil productivo que se busca para el país, cuáles son los roles de los actores y, en particular, los espacios y atribuciones del sector público.
“Es claro que esta tarea es difícil, pero necesaria, ya que los cambios en las formas de producción son cada vez más acelerados y en la medida que no se ajuste el esquema normativo en el país, las brechas que Bolivia enfrenta respecto de sus vecinos y el mundo se van a seguir incrementando”, concluye.

Roberto Laserna Rojas:
“Lo que se observa es que las exportaciones caen tanto en valores como en cantidades, y por tanto ahí están influyendo los mercados externos y las condiciones internas de producción. El próximo gobierno tiene que actuar sobre estas últimas, alentando la producción y respaldando la actividad exportadora. Esto exige mirar de otra manera a las inversiones, a los inversionistas y a los mercados”.

José Gabriel Espinoza Yáñez:
“Las reformas importantes son dos: una nueva normativa laboral y tributaria. En lo laboral, el problema es claro, la ley y las normativas no promueven la creación de empleo, protegen, en el mejor de los casos, al 20% de la población ocupada y empujan a los nuevos emprendimientos a la informalidad. El conjunto de leyes en este ámbito está pensado desde una perspectiva industrialista, propia de la visión de la década de los 40’s, que ante los cambios tecnológicos y las nuevas formas de empleo y producción, quedan completamente desfasadas de la realidad del trabajador”.

Mauricio Ríos García:
“No devaluar la moneda nacional porque solamente genera inflación, y esto está orientado a solventar el modelo del gasto y destrucción de capital. Ciertos economistas defienden la idea de devaluar porque el tipo de cambio estaría artificialmente barato, que es cierto, pero la solución no pasa por hacerlo realmente caro. El problema es que no creen que la inflación consecuente sea algo más que un detalle fácilmente controlable. Primero hay que ajustar, y después se verá si es necesario devaluar. La inflación es muy peligrosa y puede alcanzar una dinámica que se está subestimando demasiado”.

Economía boliviana 2019

- El déficit fiscal que arrastra hoy Bolivia el más alto de Sudamérica, sobrepasa en los últimos cuatro años los $us12 mil millones.

- El déficit comercial, entre enero de 2015 y marzo de 2019, suma $us 4.476 millones.

- Caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), hasta septiembre/2019, más de $us 7.244 millones.

- Bolivia sigue siendo la economía más informal de la región, según el Fondo Monetario Internacional.

- Los bonos representan un poco más de $us 500 millones al año, mientras que las remesas de trabajadores bolivianos que no vuelven al país superan los $us1.000 millones por año. Las familias reciben más por esa vía.

- La pobreza se mide por ingresos, pero esos ingresos, en una economía informal y atomizada, son volátiles. Si se miden brechas, empleo de calidad, accesos, oportunidades, entre otros, se supera el 60%.