El agro propone al Gobierno mitigar la caída del PIB

Plantean «diferimiento de obligaciones financieras, creación de un crédito productivo, ajustes tributarios, creación del Fondo de Reactivación Agropecuaria y búsqueda de mercados».
 

Dado que el sector agropecuario nacional aporta 12,44% al PIB y genera 1.8 millones de empleos, mediante su ente matriz, envió una propuesta al Gobierno que consiste en un plan de recuperación tanto de su sector como de la economía en su conjunto, en el mediano plazo, con el objetivo de atenuar la caída del PIB como consecuencia de la crisis por el Covid-19.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), miembro de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Rolando Morales, la propuesta se denomina «Plan de Reactivación del Sector Agropecuario» cuyos objetivos son «contener la caída de la demanda agregada, que los productores tengan certidumbre que no serán multados ni ejecutados por demoras en obligaciones financieras, tributarias y patronales, permitiendo que los agropecuarios tengan el flujo de caja necesario para seguir trabajando».

Un segundo objetivo es aplicar un «plan de recuperación del sector y de la economía en su conjunto en el mediano plazo», asumiendo que el agro nacional aporta 12,44% al PIB (5.048 millones de dólares americanos), genera 1.8 millones de empleos (32% de la población económicamente activa), genera 1.400 millones de dólares en divisas (15% del total exportado, según datos del INE 2018) y aporta en la provisión de alimentos a la población nacional acorde a su nivel de ingresos.

Dos medidas

En ese sentido, la Confeagro sostiene que es urgente la implementación de dicha propuesta bajo dos acápites generales: 1) medidas de contención y 2) medidas de reactivación.

En el primer caso el objetivo es atenuar la caída del PIB, como consecuencia de la paralización de las actividades económicas, debido a la cuarentena sanitaria. En el segundo es la recuperación del sector y de la economía, con medidas que den certidumbre y condiciones a las unidades productivas agropecuarias para iniciar un período de crecimiento acelerado y contribuir al incremento de los ingresos de la población y de la demanda agregada.

Entre las medidas de contención se propone el «diferimiento de obligaciones financieras», es decir, suspender todas las obligaciones de capital e intereses con vencimiento durante el período de cuarentena y hasta 6 meses después de levantada la medida.

Asimismo, crear un «crédito productivo» para capital operativo. O sea, implementar una línea de crédito para capital operativo a 5 años plazo, con un año de gracia, de 500 millones de dólares a una tasa de 4% destinado a todo el sector agropecuario nacional, a fin de evitar la disminución de liquidez en las unidades productivas agropecuarias por caída de la demanda y de los precios. Esta línea debe contemplar como garantía la producción, sea agrícola o pecuaria, para facilitar el acceso rápido, y se permita contrarrestar los efectos negativos de la cuarentena.

Otra medida de contención sería realizar «ajustes tributarios y de obligaciones patronales», lo que supondría un diferimiento de las obligaciones tributarias hasta 6 meses después de levantada la cuarentena y posteriormente dar hasta 5 años plazo para el pago de la misma sin multas ni intereses.

En esa misma línea, se plantea un «diferimiento de las obligaciones patronales» (caja, AFPs) hasta 6 meses después de levantada la cuarentena y posteriormente dar hasta 5 años de plazo para el pago de las mismas, sin multas ni intereses.

Para cerrar este círculo de prevención, se plantea realizar préstamos hasta Bs 5.000 sin interés, a dos años plazo, a personas dedicadas a consultorías y del régimen simplificado.

Medidas de Reactivación

Respecto de las medidas de reactivación, se propone la creación del «Fondo de Reactivación Agropecuaria», el cual tendría que ser de 1.500 millones de dólares, de los cuales una parte estaría destinada a la compra de la cartera que tienen los productores con casas comerciales, agroindustrias y otros financiadores, y el resto para inversiones.

Se propone también la «Verificación de la Función Económica y Social (FES)», para cuyo cumplimiento no solo se debería considerar actividades agrícolas y ganaderas primarias, sino también todas las actividades agrícolas y pecuarias secundarias.

De la misma manera se propone la «divisibilidad de la pequeña propiedad», es decir, si algún productor agropecuario posee un terreno de cinco hectáreas, pero requiere solamente un préstamo pequeño, sólo tendría que hipotecar una parte de dicho terreno.

Otro punto es el «acceso a tecnología» mediante la aprobación de un procedimiento abreviado para permitir el uso de semillas transgénicas. Además de proceder con arancel cero y exención de impuestos para la importación de insumos, genética, equipos y maquinaria de la cadena agropecuaria sin plazo establecido.

Asimismo, se plantea la implementación de un programa de «búsqueda de mercados» externos y promoción de la producción nacional.

Luzgardo Muruá Pará