Cedla considera que el 4,8% de tributo único para auríferos 'sienta jurisprudencia de trato preferencial en impuestos'

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) a través de su investigador, Alfredo Zaconeta, cuestionó el acuerdo entre el Gobierno y el sector cooperativista aurífero, por el cual se crea un impuesto único al valor bruto de la venta de oro de 4,8%. Advirtió que se sienta jurisprudencia para un trato preferencial de tributos, sobre la explotación de los recursos naturales no renovables.

"Lo peor de este acuerdo, es que el Gobierno sentó jurisprudencia para que otros sectores exijan a través de movilizaciones, un trato preferencial en el pago de tributos, creando mayores asimetrías y privilegios, sobre la explotación de nuestros recursos no renovables", afirmó el especialista, en alusión a los dos días de movilizaciones, con bloqueos y dinamitazos que protagonizó este sector en La Paz.

Durante una conferencia de prensa conjunta con la dirigencia aurífera, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro presentó como un gran logro el acuerdo firmado con este sector. "En el tema que estaba concitando atención en relación a la tributación se crea un impuesto único que se va aplicar al valor bruto de venta de oro, con una alícuota de 4,8%, norma que va a ser presentada ante la Asamblea Legislativa", anunció.

"Con el 4.8% establecido como régimen tributario, solo 121 millones de dólares, son lo que se pagará de 2.534 millones de dólares del valor de oro boliviano exportado por los cooperativistas auríferos", alertó Zaconeta.

Recordó que el año 2021, sólo $us 59 millones es lo que dejaron de regalía minera los cooperativistas, de un total de $us 2.626 millones de dólares exportados. "Solo el 2.2% del valor de producción quedó en el país.

Zaconeta dijo que la explotación de oro en Bolivia, donde las cooperativas mineras detentan un 94% de la producción nacional, de 2.626 millones de dólares exportados de oro, solo quedará para el país 180 millones de dólares entre impuestos y regalías.

"El año 2010 la Gobernación de La Paz registró a 459 cooperativas auríferas. A 2020 motivados por el incremento del precio del oro, y la flexibilización de normativas ambientales y tributarias, la cantidad de cooperativas en La Paz se incrementó a 1.300", indicó en alusión al año en que estalló la pandemia y se declaró cuarentena rígida.

Observó que las cooperativas mineras gozan de una subvención de diésel para la maquinaria que emplean en su trabajo de explotación de oro, además se benefician con el gravamen cero para la importación de bienes de capital.

"Todos los operadores mineros deberían pagar los siguientes tributos, sin embargo, las cooperativas mineras están exentas del pago de algunas de estas obligaciones", sostuvo.

Mencionó de ejemplo el Impuesto a las Transacciones (IT) 3% por valor de transacción; Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13% (norma que exceptúa a las cooperativas); Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 25% y un alícuota de 12,5 % en periodo de precios altos, que hacen un total de 37,5% (norma que exceptúa a las cooperativas).

"Debe comprenderse que la regalía es la compensación por la explotación de los recursos minerales y metales no renovables que está regulada, por la Ley 535 según el mineral, los cooperativistas tratan de confundir este pago, alegando que ya es un impuesto, pero no lo es", aseveró.

Otros puntos del acuerdo

En cuanto a la personería jurídica de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) que exigen Fecoman y Ferreco, el tema quedó en cuarto intermedio hasta esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie, para lo cual el Ministerio de Trabajo se comprometió a coadyuvar en el trámite y obtención de personería jurídica.

En cuanto a la seguridad jurídica ante los avasallamientos, la AJAM se comprometió a cumplir y respetar los procedimientos específicos instaurados para la atención de amparos administrativos mineros con celeridad e inmediatez, en el marco de los requisitos y plazos establecidos en la normativa vigente.

Aunque la denuncia de las comunidades indígenas y campesinas responsabilizan al sector aurífero de estos avasallamientos en sus territorios, y de imponer actividad de explotación del oro sin cumplir procedimientos de consulta, ni de consentimiento por parte de la población afectada.

"La AJAM continuará con las gestiones para la suscripción de convenio interinstitucional de lucha contra la minería ilegal y avasallamientos de áreas mineras y su restitución, con las instancias respectivas ante el Ministerio de Minería, Justicia y Ministerio de Defensa", señala el acuerdo.

Sobre los hechos irregulares en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales Senarecom, las denuncias serán puestas a conocimiento de las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Auditoría, según corresponda.

Cuando el caso amerite se procederá a la destitución del o los servidores públicos que incurran en actos de corrupción y discriminación, señala otro punto.

"De la misma forma programará el control posterior a ser realizado por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería a los contratos administrativos mineros", se acordó.

El Ministerio de Minería se comprometió a una reingeniería del Senarecom en el plazo de tres meses. Además, la AJAM exigirá a las empresas comercializadoras la obtención de las licencias de comercialización para su control respectivo.

Sobre los contratos administrativos mineros y su adecuación, la AJAM elevará el informe referente a la ampliación del plazo de adecuación, conforme a los procedimientos respectivos. El Ministerio de Minería se compromete velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes propias de la AJAM.

Los ministerio interpondrán sus buenos oficios para el tratamiento legislativo del proyecto de ley 436/2019-2020 Ley de creación del ente gestor de seguro social a corto plazo, y las federaciones se comprometen a levantar todas las medidas de presión.